La agencia de bienestar infantil del estado de Illinois durante años ha estado impidiendo ilegalmente que los niños indocumentados sobrevivientes de abuso infantil obtengan una visa U, según descubrió una investigación de la publicación Injustice Watch.
Desde 2019, la ley estatal requiere que el Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois (DCFS, por sus siglas en inglés) y todas las agencias de aplicación de la ley tomen una decisión dentro de 90 días sobre si los solicitantes indocumentados que han sido víctimas de un crimen son elegibles.
Ese programa de visas se estableció para ayudar a las fuerzas del orden público a ganarse la confianza de los inmigrantes indocumentados que, de otro modo, no declararían.
Pero los registros muestran que DCFS hasta ahora ha tardado más de cuatro años para establecer un proceso para revisar las solicitudes, lo que podría negarle a cientos de familias la oportunidad de obtener un estatus migratorio legal e incluso evitar que otros lo soliciten.
“Están desafiando la ley estatal y es realmente frustrante”, dijo Sara Dady, una abogada de inmigración de Rockford que presentó una solicitud de certificación de visa U este año en nombre de un cliente.
“Así que tengo que decirle a mi cliente que, según la ley, deberíamos recibir una respuesta dentro de los 90 días hábiles, pero esta agencia gubernamental en particular ha decidido que simplemente no son capaces de cumplir con la ley”, dijo Dady.
Marc Smith, el director de DCFS, no accedió a una entrevista y su oficina no respondió a las preguntas.
En diciembre, Injustice Watch reportó que el Departamento de Policía de Chicago negaba rutinariamente cientos de solicitudes de certificación de visa U, a menudo sin justificación. Ese reporte llevó a la división de derechos civiles del fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, a abrir una investigación del departamento de policía. La oficina de Raoul dice que ahora también está “investigando” el manejo de las solicitudes por parte de DCFS.
Las entrevistas con abogados y clientes de inmigración y los correos electrónicos y la correspondencia de DCFS muestran que a los inmigrantes indocumentados que solicitaron las certificaciones se les dijo que sus solicitudes no estaban siendo consideradas.
Un caso involucra a una mujer de 37 años que fue abusada sexualmente por su abuelo durante años cuando era una niña. Denunció el abuso a un trabajador social de la escuela, quien notificó a DCFS, y que, según muestran los registros, investigó y corroboró sus acusaciones.
La agencia remitió el caso a la policía, pero su abuelo luego fue condenado en un caso de abuso separado en el que ella no participó, lo que significa que DCFS era la única agencia capaz de certificar su solicitud de visa U.
Carlos Becerra, su abogado, envió a DCFS su solicitud de certificación en noviembre. Tres días después, Rodrigo Remolina, quien se identificó como miembro de la “Unidad de Visas U del DCFS”, respondió: “Actualmente estamos desarrollando una Política de Visas U para el DCFS; por lo tanto, no podemos confirmar la información que proporcionó ni podemos proporcionar una certificación firmada en este momento”.
“¿Puede decirme aproximadamente cuánto tiempo tomará desarrollar la política?” preguntó Becerra.
“Desafortunadamente, no tengo una fecha, pero puedo decirles que estamos trabajando diligentemente”, dijo Remolina a fines de noviembre. “Lo mejor que puedo decir es que tenemos la esperanza de tenerla en 2023”.
A mediados de enero, Remolina escribió a la oficina de Dady en correos electrónicos sobre otro caso: “Aunque ya tenemos un correo electrónico dedicado para U-Visa, aún no tenemos ninguna política o incluso un proceso establecido para certificar las solicitudes de Visa-U. Estamos trabajando en eso y esperamos tener este servicio funcionando en los próximos meses.
“Por favor, vuelva a consultarnos más adelante este verano”.
Becerra presentó una demanda contra DCFS en nombre de la mujer de 37 años en el tribunal de circuito del Condado de Cook el 15 de febrero, acusando a DCFS de violar las disposiciones de la Ley VOICES, una ley de 2019 que requiere un proceso rápido para considerar las certificaciones de visa U.
“Esta es mi última oportunidad de obtener un estatus legal”, dijo la mujer en una entrevista. “No quiero que el sistema me vuelva a fallar”.
La mayoría de las certificaciones de visa U pasan por la policía y otras agencias, según datos federales. Pero es común que los servicios de protección infantil sean la única agencia involucrada en un caso, dijo Danielle Kalil, profesora de derecho de la Universidad de Michigan.
Un portavoz de DCFS dijo que la agencia había recibido solo siete solicitudes de certificación de visa U desde que la Ley VOICES entró en vigencia en enero de 2019 y certificó una. Los funcionarios de DCFS no hablaron sobre ese caso.
En la Ciudad de Nueva York, donde vive aproximadamente la misma cantidad de inmigrantes indocumentados que en Illinois, los servicios de protección infantil han emitido más de 234 certificaciones de visa U desde 2019, según muestran los registros.
Kalil dijo que la Ley VOICES refleja la legislación en California y Nueva York que requiere que las agencias estatales encargadas de hacer cumplir la ley manejen rápidamente las certificaciones de visa U. Las leyes les otorgan discreción a las agencias de bienestar infantil para decidir si certifican las visas U, pero “no puedes decidir no revisarlas en absoluto”, dijo.
Cuanto más tarde el DCFS en cumplir con la Ley VOICES, más tardará para que los posibles solicitantes puedan obtener una visa U, dijo Kalil.
El gobierno federal otorga no más de 10,000 visas U al año, y la acumulación de solicitudes superó las 188,000 en septiembre. Eso significa que alguien que solicitó la visa este año podría tardar más de una década en obtenerla, dijo Kalil.
Al evitar que las víctimas indocumentadas soliciten la visa U, DCFS podría estar impidiendo que otros soliciten, dijo Sarah Diaz, coautora de la Ley VOICES, quien es directora asociada del Centro para los Derechos Humanos de los Niños en la Universidad Loyola en Chicago.
“Hace que los niños y sus familias permanezcan en las sombras”, dijo Díaz.
Carlos Ballesteros es reportero de Injustice Watch, una organización periodística no partidista y sin fines de lucro.
Traducido por La Voz Chicago
